San José, 16 junio, 2021. Por Fabiola Pomareda G. , (pomaredafabiola@gmail.com) | fpomareda@yahoo.com Para Semanario Universidad.
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Las instituciones cuestionadas y a las que se debería investigar son la SETENA, la ARESEP, la Dirección de Aguas del MINAE, el ICE y la Municipalidad de Pérez Zeledón.
Osvaldo Durán, Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Nos sorprendió que le dieran una concesión a la empresa aunque la misma ley decía que se les había pasado el plazo. Vimos que era una pura y simple violación a la ley, que había incumplimiento de deberes y prevaricato e interpusimos una denuncia. Pero si hubiera sido por la ARESEP y el Departamento de Aguas del MINAE, ahí estarían.
Edgardo Araya Sibaja, Ambientalista y Abogado especializado en Derecho Ambiental
Los proyectos hidroeléctricos San Rafael, en Pérez Zeledón, Bonilla 510 y Bonilla 1320, en Turrialba, fueron multimillonarios negocios de la constructora H. Solís, que jamás pudieron desarrollarse debido a las denuncias de las comunidades y organizaciones sociales que mostraron las tácticas de la empresa y la colusión con las instituciones involucradas en los trámites.
Como explican a continuación el abogado ambientalista y exdiputado frenteamplista, Edgardo Araya y el sociólogo del TEC e integrante de la Federación para la Conservación del Ambiente (FECON) Osvaldo Durán, la empresa «manipuló» a la gente de las localidades con ofrecimientos de trabajo, infraestructura y arreglo de caminos y se denunciaron irregularidades en el otorgamiento de permisos por parte de varias instituciones.
Para Durán, “en los tres proyectos operó el mismo patrón de colusión de intereses de la empresa con la institucionalidad”, un favorecimiento claro de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente (Minae), de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y hasta del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que firmó contratos para el PH San Rafael, sin que se tuviera la declaratoria de conveniencia nacional.
Durán dijo que las organizaciones sociales que se opusieron a los proyectos a lo largo de varios años investigaron “un patrón de colusión de intereses que era corrupto, donde había un tráfico de influencias orientadas a que H. Solís tuviera las condiciones para operar ese proyecto”.
“En los dos casos logramos demostrar que hubo un proceso de manipulación de las comunidades ofreciendo empleo, turismo; e incluso demostramos cómo H. Solís, valiéndose de la emergencia con el Huracán Nate hizo convenios para ser la empresa que arreglara los caminos en Pérez Zeledón y en Turrialba”, señaló Durán.
El PH San Rafael en Pérez Zeledón
La oposición al PH San Rafael, que la empresa H. Solís pretendía construir en el río San Rafael, en Pérez Zeledón comenzó alrededor de 2012. Se proyectó que tendría un costo de $57 millones (en aquel momento ¢34.400 millones).
Edgardo Araya, abogado ambientalista y quien apoyó al Movimiento Ríos Vivos con acciones legales en contra del PH San Rafael hizo un recuento de las irregularidades en las que incurrió la empresa.
Araya explicó que para poder operar una hidroeléctrica primero se necesita una concesión de servicio público de la Aresep para luego poder ir al ICE y hacer un contrato para venderle la electricidad. En un primer momento la Aresep le rechazó la concesión a H. Solís por no tener la concesión de aguas que da el Departamento de Aguas del Minae. A la empresa se le pasó el plazo para apelar. Sin embargo, tres meses después obtuvieron la concesión de aguas del Minae; fueron ante Aresep, apelaron su decisión; y Aresep les otorgó la concesión.
Además de lo anterior, para construir una hidroeléctrica hay que invadir áreas de protección y modificar cauce de los ríos, todo lo cual está prohibido por la Ley Forestal, a menos que se tenga la declaratoria de conveniencia nacional. H. Solís solicitó esa declaratoria ante el Minae; pero los exministros Édgar Gutiérrez Espeleta y su sucesor Carlos Manuel Rodríguez le rechazaron esa declaratoria el 15 de julio de 2019. Ahí fue cuando quedó enterrado el PH San Rafael, recordó Araya.
“No se cumplía pero ni con el primer requisito. Nos sorprendió que le dieran una concesión a la empresa aunque la misma ley decía que se les había pasado el plazo. Vimos que era una pura y simple violación a la ley, que había incumplimiento de deberes y prevaricato e interpusimos una denuncia. Pero si hubiera sido por la Aresep y el Departamento de Aguas del Minae, ahí estarían”, comentó el abogado.
Osvaldo Durán, por su parte, afirmó que al final del proceso de siete años pudieron demostrar que “el otorgamiento de la viabilidad ambiental para el proyecto estaba basada en una tramitación ilegal, espúrea y corrupta porque la concesión de aguas del Minae se obtuvo con permisos de uso de suelo que pertenecían a la provincia de Guanacaste.
“Aquí falta que se investigue gente y que se les abra un expediente a Setena, Aresep, a la Municipalidad de Pérez Zeledón y a la Dirección de Aguas del Minae, porque toda esta gente pactó para permitir que H. Solís obtuviera permisos con información falsa, ilegal y mal obtenida”, dijo Durán y enumeró las denuncias presentadas ante la Municipalidad de Pérez Zeledón y Setena.
La pugna por los proyectos hidroeléctricos que H. Solís quería construir en el río Bonilla, en Turrialba empezó en 2017.
Durán comentó que después de lo de San Rafael, la empresa ya no tenía un escenario tan positivo para la aprobación de estos dos proyectos.
“La empresa se tuvo que retirar porque demostramos que los proyectos no fueron consultados a las comunidades y que la viabilidad ambiental se estaba tramitando sin que las comunidades supieran absolutamente nada. Además, Setena les negó la posibilidad de tener audiencia pública, lo cual está contemplado en la Ley de Biodiversidad”, agregó Durán.
Los tres proyectos fueron cuestionados por la organización comunitaria Movimiento Ríos Vivos y muchísimas otras organizaciones que se solidarizaron con sus demandas en ese momento.
