Delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito no deben prescribir

Nuestra ciudadanía está hastiada, cansada, de ver como en el pasado una y otra vez distintas personas que pasaron por la función pública se lograron escudar en ésta para lograr que no fueran juzgados, que no caminaran los procesos en su contra, cuando han sido acusados de corrupción.

La corrupción en la función pública es uno de los mayores daños que se le pueden ocasionar a la sociedad. Es un daño grave a la colectividad, a la institucionalidad democrática de nuestro país.

Votar y obtener 38 votos en esta moción significaba que la Asamblea Legislativa está diciendo "no vamos a seguir alcahueteando a las personas que cometan o que se acusen de cometer delitos en el marco de la función pública"

¿Pero qué es lo ha pasado en la función pública? Lo que ha pasado muchas veces es que algunas personas, mientras están cerca del poder, han utilizado herramientas de distinta categoría para evitar que se les pueda procesar. Y cuando en algún momento se logra alejarles del poder, o cuando, dada la presión, en algún momento se logra por fin procesar a esas personas, los plazos, los tiempos han avanzado tanto que ya no es posible sancionarles.

Por eso se requiere la señal clara de esta Asamblea Legislativa de que estamos de acuerdo en que los delitos en la función pública son el peor crimen social que puede existir. Los delitos en la función pública atacan directamente a la colectividad costarricense. Cuánto daño se le causa a la colectividad, a la credibilidad de nuestra institucionalidad democrática cuando una persona ve como un funcionario se le acusa, se le señala y se le dice que está cometiendo delito y no pasa nada.

Cuál es el mensaje que estamos dando. Entre otros, el mensaje que estamos enviando es "si esa persona delinque impunemente, por qué el resto de la ciudadanía no puede también delinquir de manera impune". Ese es el mensaje que queremos eliminar con esta propuesta: "Los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito no deben prescribir". Ese es el centro del Proyecto de Ley Nó 20.246 que este semana quisimos aprobar, pero no lo logramos. Ustedes costarricenses, sabrán quiénes impidieron que se aprobara.

Resulta que presentamos una moción de orden para que se dispense de todo trámite y se apruebe con celeridad el Proyecto de Ley No. 20.246 para que los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito NUNCA prescriban. Necesitábamos 38 votos y la votación estuvo 35 votos a favor y 6 votos en contra.

El llamado a Costa Rica y a esta Asamblea sigue en pie para que los políticos corruptos no se cobijen en la prescripción como ha ocurrido en tantos casos.

Edgardo Araya Sibaja

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